Familiares de
la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se enriquecen con la especulación del suelo en el municipio de Tres Cantos. El alcalde de Ciempozuelos es cesado por su implicación en asuntos de la misma naturaleza. En Villanueva de Gómez, localidad abulense de 143 habitantes, se planea la construcción de 7.500 chales y tres campos de golf en un pinar de alto valor ecológico; ya se han talado 10.000 pinos llevándose por delante un nido de águila imperial,
especie que anidaba allí por primera vez. Jorge Ollero, Director General de Carreteras de
la Junta de Andalucía fue detenido en Sevilla con un maletín cargado de dinero pagado por Ocisa, empresa adjudicataria del desdoblamiento de la carretera nacional 321. Los escándalos de Marbella, Murcia, Valencia se suman a un largo repertorio de pruebas flagrantes de deshonestidad manifiesta. Y así decenas de casos ya en la tribuna pública, a los que cada día se suman otros nuevos.
A todo esto, los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias salen a la palestra para denunciar lo injusto de considerar corrupta a la generalidad de ediles de la geografía española, entre quienes cunde –según ellos- la probidad.
Sin embargo las urbanizaciones proliferan por todas partes, no las de viviendas accesibles para economías necesitadas, sino las de chales adosados con jardín, piscina y padel. El número de campos de golf aumenta, como lo hace el de estaciones de esquí en zonas de montaña. El deterioro medioambiental que en muchos casos inflingen unos y otros no parece ser justificación suficiente para frenar su expansión y el desarrollo urbanístico asociado a ellos. De nada sirven los informes periciales que puedan desaconsejarlos; cuando su veredicto colisiona con los intereses de políticos, constructores y bancos, se los ignora o se los manipula hasta dar con un resultado conveniente para los especuladores.
El litoral mediterráneo español está alicatado hasta el techo. Desde Murcia hasta Valencia es difícil localizar un hueco de naturaleza donde contemplar el encuentro espontáneo del mar con la tierra sin la vigilancia inerte de edificaciones elevadas en aras de la codicia. Lo peor es que el fenómeno se repite en casi todo el perímetro ibérico. No se trata de poner en entredicho la honradez de los alcaldes pero, ¿quién es responsable del destrozo medioambiental irreparable causado en las costas españolas? ¿Quién concedió licencias de obra donde las relaciones terreno-altura estaban más que comprometidas? ¿Quién ignoró el impacto de poblaciones flotantes en temporadas vacacionales sobre los recursos naturales del entorno?
Ya hay quien propone un “pacto de Estado” para terminar con la corrupción en la vida pública. Otros afirman que es necesario elogiar el buen hacer y el respeto a la legalidad de quienes adoptan posiciones responsables en su ejercicio político. Esto pone de manifiesto hasta qué punto la sociedad tiene asumido que “lo normal” en política es la falta de ética, y por eso es necesario hacer un “pacto” que garantice hasta donde pueda la honradez de los administradores públicos. A quienes se adhieran a dicho pacto y sean buenos chicos, se les estará agradecido por no haber metido la mano en las arcas comunitarias. Con la misma lógica quizá debiera hacerse un “pacto de Estado” contra la violencia de género y reconocer el buen hacer de los que no maltratan a sus cónyuges. La situación es absurda.
Lo más interesante es que quienes relata la prensa que estafan, roban, malversan, corrompen, hurtan y, en definitiva, manipulan lo común en beneficio personal, no son sujetos que lo necesiten. Su conducta no se explica porque intenten salir de la precariedad, o escalar en la jerarquía social. Jeffrey Skilling y el resto de ladrones de ENRON, los de Worldcom y Parmalat, como los de Marbella, Ciempozuelos o Gran Canarias, estaban ya instalados en posiciones sociales altas y disfrutaban de mucho más que holgura económica. ¿Qué les movía, entonces? La codicia.
Resulta irónico que los casos de Ciempozuelos y Tres Cantos salten a la primera página de los periódicos la misma semana que el mundo se pone en pie para reivindicar los Objetivos de Desarrollo del Milenio: el primero es reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de un dólar al día, antes del 2015. En esa esfera política donde brotan situaciones como las descritas –que no son, ni mucho menos, excepcionales- el compromiso de 189 jefes de estado y de gobierno de todo el mundo, está cada vez mas lejos de cumplirse. Mientras se concentran los esfuerzos por perpetuarse en el poder y aumentar la hacienda personal, 1.100 millones de personas viven con menos de un dólar diario; 1.600 millones, con menos de dos. En conjunto suman el 40% de la humanidad.
La ineficacia de esos responsables políticos hará que, al paso actual, en 2015 haya 47 millones de niños sin ir a la escuela, a pesar de haberse comprometido a que todos ellos puedan terminar la enseñanza primaria. Tomárselo en serio significa aumentar la ayuda en 3.000 millones de Euros más al año para conseguir los 18 millones de docentes que se precisan. Si se hubiese seguido un ritmo coherente en la consecución de sus promesas, esos líderes mundiales debieron haber terminado con la desigualdad educativa entre niños y niñas en el 2005. Sin embargo, la cosa está en que el 60% de los menores sin escolarizar son niñas. En su lista de deberes, no sólo no han logrado lo que se comprometieron a hacer; han permitido incluso el empeoramiento de la situación: los niños que mueren hoy antes de los cinco años en 14 países de los más pobres, son más que en 1990. En el 2004 murieron 11 millones de criaturas con menos de cinco años. De seguir así, el objetivo comprometido no se cumpliría hasta el 2050, con un coste de más de 41 millones de vidas.
Si un hombre vale lo que vale su palabra, ya sabemos en manos de qué tipo de sujetos está el mundo. La mentira y el engaño se expresan desde las esferas más altas del poder, hasta las más próximas a la ciudadanía. Se dirá que este discurso es demagógico, irreal, manipulador. Se aludirá que las causas de la pobreza son de una complejidad tal que su erradicación es un asunto difícil. Se citará la corrupción de los gobiernos de esos países como si se tratara de un estigma propio y exclusivo de otras culturas. Se invocará la necesidad de consensos políticos difícilmente alcanzables por circunstancias coyunturales. Y así con una astragante verborrea puesta ya en ridículo por las iniciativas que han demostrado en la práctica que la cuestión tiene arreglo. Y si no, que se lo pregunten a Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz.
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